Últimamente me encuentro con muchos casos de impago de pensiones, una realidad extremadamente peligrosa.

Pongámonos en situación: matrimonio que se divorcia, fruto del mismo existen dos menores que quedan bajo la guarda y custodia de la madre, y el padre, progenitor no custodio, debe, entre otras cosas, abonar una pensión de alimentos de 200 € mensuales por cada hijo.

Tras el divorcio, el padre pierde su trabajo sin derecho a desempleo, subvención o ayuda económica alguna, por lo que se encuentra en una situación cuanto menos compleja, pues es su intención abonar la pensión pero no puede.

Distinta cuestión se plantea cuando el progenitor obligado al pago de la pensión de alimentos no lo hace porque no quiere (lo veremos en otro post).

Establece el Código Penal en su artículo 227 que «el que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a favor de su cónyuge o sus hijos […] será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses».

A los tres meses de impago, la madre interpone denuncia contra el padre por impago de pensiones.

En estos casos, ¿cómo podríamos conseguir una sentencia absolutoria? Se deberá demostrar que efectivamente se carece de recursos económicos y que existe voluntad del acusado de cumplir la obligación impuesta judicialmente.

«Si el obligado no pudiera afrontar el pago por carecer de medios económicos, no puede recaer sanción penal pues llevaría a la denominada prisión por deudas», proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, prohibida expresamente por el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 que dispone que nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual, precepto incorporado a nuestro sistema legal en virtud de los artículos 10.2 y 96.1 de la CE.

Por tanto, han de darse dos elementos para afirmar que con su actuar el denunciado llenó los requisitos del tipo, pues no todo impago de pensiones constituye el ilícito que aquí se persigue, sino que lo será aquel cuyo autor, pudiendo, no quiere pagar.

Aconsejo la lectura de la sentencia nº 392/14 de 9 de diciembre de 2014, de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Jerez, cuanto menos sorprendente, porque a pesar de demostrarse que la madre, obligada al pago de la pensión de alimentos a su hijo menor de edad, trabaja en «negro» y no ha presentado modificación de medidas por imposibilidad de hacer frente al pago, sale absuelta, alegando el Tribunal que no se ha podido desvirtuar la presunción de inocencia de la denunciada (pruebas / indicios insuficientes).

Moraleja: donde hay luz, hay esperanza.

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