"A","Á"=>"A","Â"=>"A","Ã"=>"A","Ä"=>"A","Å"=>"A","à"=>"a","á"=>"a","â"=>"a","ã"=>"a","ä"=>"a","å"=>"a","Ò"=>"O","Ó"=>"O","Ô"=>"O","Õ"=>"O","Ö"=>"O","Ø"=>"O","ò"=>"o","ó"=>"o","ô"=>"o","õ"=>"o","ö"=>"o","ø"=>"o","È"=>"E","É"=>"E","Ê"=>"E","Ë"=>"E","è"=>"e","é"=>"e","ê"=>"e","ë"=>"e","Ç"=>"C","ç"=>"c","Ì"=>"I","Í"=>"I","Î"=>"I","Ï"=>"I","ì"=>"i","í"=>"i","î"=>"i","ï"=>"i","Ù"=>"U","Ú"=>"U","Û"=>"U","Ü"=>"U","ù"=>"u","ú"=>"u","û"=>"u","ü"=>"u","ÿ"=>"y","Ñ"=>"N","ñ"=>"n")); if ($separator == 'dash') { $search = '_'; $replace = '-'; } else { $search = '-'; $replace = '_'; } $trans = array( '&\#\d+?;' => '', '&\S+?;' => '', '\s+' => $replace, '[^a-z0-9\-\._]' => '', $replace.'+' => $replace, $replace.'$' => $replace, '^'.$replace => $replace, '\.+$' => '' ); $str = strip_tags($str); foreach ($trans as $key => $val) { $str = preg_replace("#".$key."#i", $val, $str); } if ($lowercase === TRUE) { $str = strtolower($str); } return trim(stripslashes($str)); } ?> Arocha Abogados - Guía de Buenas Prácticas imagenes)){?> imagenes){?> imagenes)){?> imagenes){?> imagenes)){?> imagenes){?> head_code)) { echo $config[0]->head_code;} if (isset($records[0]->head_code)) { echo $records[0]->head_code;} ?>

Guía de Buenas Prácticas del Abogado de la Mujer Víctima de Violencia de Género

imagenes) { ?>

1. INTRODUCCIÓN

La Presente Guía nace con el objetivo de unificar la actuación de las abogadas y abogados adscritos a los servicios y turnos especializados de asistencia a las mujeres que han sido objeto de actos de violencia de género.

Tani Arocha

Siguiendo el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, nos referimos a aquella violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Se garantizará así por parte de los Colegios de Abogados la presentación del mejor servicio posible, en aras a preservar los derechos de las mujeres, de sus hijos e hijas menores y de los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, como víctimas de violencia de género.

Es preciso que la actuación letrada, esté regida por los siguientes principios:

  1. Presentar una atención jurídica personalizada.
  2. Procurar la intimidad y privacidad de la atención.
  3. Ofrecer asesoramiento profesional en todo el proceso.
  4. Realizar una defensa jurídica integral.
  5. Ser efectivos en la atención presentada.
  6.  Mantener una adecuada formación específica en la materia.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Guía va dirigido a todos los abogados y abogadas adscritas a los distintos servicios y turnos especializados de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, con la finalidad de facilitar su intervención letrada y asegurar los derechos e intereses de las mujeres sobre las que se ejerza o haya ejercido violencia por parte de quien sea o haya sido cónyuge, o de quien esté o haya estado ligado a ella por relación similar de afectividad aún sin convivencia, así como a los hijos e hijas menores de víctima y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia.
Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima.

3. FASES DE INTERVENCIÓN

3.1. Inicial: Conocimiento, presentación y valoración

Es nuestra obligación prestar asistencia jurídica inmediata a las mujeres y sus hijos/as, que manifiesten encontrarse en situación de necesidad como consecuencia de haber sido víctima de actos de violencia de género.

Requerida la intervención letrada, ésta se ajustará a las siguientes pautas:

  • A la mayor brevedad se acudirá a las dependencias policiales o judiciales.
  • Una vez en las dependencias, el abogado procurará que la mujer se encuentre en un espacio libre de más personas, donde se garantiza su privacidad.
  • Si la mujer acudiera acompañada de menores, se tratará de evitar su presencia en la asistencia.
  • Tras la correspondiente presentación como su abogado, facilitando el número de contacto del despacho profesional, se procede a una previa entrevista con la mujer, para valorar la situación y ofrecerle el asesoramiento jurídico oportuno, informándole de los derechos que le asisten, haciendo hincapié en el significado de la denuncia penal, medidas cautelares, Orden de Protección, así como las consecuencias de las mismas; todo ello, con un lenguaje claro, sencillo y asequible para ella.
  • Se informará expresamente a la víctima de que los hechos que denuncia son perseguibles de oficio de forma que el Ministerio Fiscal podrá continuar con la acusación, aunque ella retire la denuncia.

En el caso de mujeres que no entiendan, o no hablen la lengua del lugar, se deberá solicitar la presencia de intérprete. De igual manera en los casos de mujeres con discapacidad o limitaciones físicas o sensoriales.

Si la víctima fuera menor de edad o tuviera la capacidad modificada judicialmente, las comunicaciones se harán a su representante o a la persona que le asista.

Si la víctima fuera una mujer extranjera en situación irregular, se atenderá a la posibilidad de solicitar la tarjeta temporal por razones excepcionales. 

En todo caso, se procederá a informar a la víctima de la posibilidad de acceder a los servicios asistenciales existentes, del derecho a estar acompañada de una persona de su elección y de la importancia de la solicitud expresa de que sea ser informada de todo ello.

Además, se le informará de su derecho a ser parte en el procedimiento y a ejercer la acción penal y civil: la posibilidad de personarse como acusación particular en el procedimiento penal; la conveniencia, en su caso, de iniciar un procedimiento de familia; la posibilidad de optar en ambos casos por la libre designación de abogado y procurador y a su derecho a la justicia jurídica gratuita.

Sólo tras esa información, y con el conocimiento y consentimiento de la víctima se procederá a la toma de la denuncia penal si así lo dispone.

3.2. Interposición de la denuncia

Se prestará especial diligencia en su redacción, realizando un relato exhaustivo y haciendo hincapié en los datos, circunstancias, testigos y demás circunstancias. Con indicación y aportación de las pruebas que en ese momento se posean, como partes de lesiones, fotografías, identificación de testigos, valoración de riesgo, etc., que deberán ser contenidas en el atestado policial.

En todo caso, el abogado velará para salvaguardar los intereses de todas las víctimas, no solo ña mujer víctima, sino también de sus hijos o personas que de ella dependan.

Si la víctima lo interesara, se solicitará la adopción de medidas de protección y seguridad para la víctima compatibles con las medidas cautelares y de aseguramiento que se pueden adoptar en cualquier procedimiento penal.

Se procederá en todo momento al acompañamiento jurídico y asistencia técnica en todos los trámites que procedan desde la interposición de la denuncia, su ratificación, toma de declaración del denunciado y celebración de la comparecencia en la Orden de Protección. La víctima será atendida en todas las actuaciones por el mismo abogado.

En el caso de víctimas especialmente vulnerables por su edad, por disminución de sus capacidades psíquicas y/o sensoriales, o de afectación emocional extraordinaria, se recomienda solicitar del Juzgado competente la práctica de la prueba de toma de declaración o testifical como prueba anticipada o preconstruida, practicada con todas las garantías procesales y recibida a través de expertos, siendo grabada y así, reproducida en el juicio oral, a fin de evitar la pérdida de elementos de prueba, con respeto a los principios de inmediación, publicidad y contradicción, y sobre todo, como medio de protección a las víctimas, evitando la victimización secundaria.

En las actuaciones y procedimientos derivados de la denuncia inicial se solicitará que se garantice la intimidad de la víctima y en especial se velará porque se le dé el trato de testigo protegido salvaguardando que no aparezca en la denuncia ni el domicilio en el que se encuentre la víctima, ni su número de teléfono.

3.3. Intervención en el juzgado de guardia o de violencia sobre la mujer y comparecencia en la orden de protección.

El abogado/a velará porque en las dependencias judiciales se adopten las medidas que eviten la confrontación entre el presunto agresor y la víctima.

Solicitará en su caso medidas de carácter civil, teniendo presente que, si existen menores, o incapaces que convivan con la víctima y dependen de ella, el Juez deberá pronunciarse en todo caso, de oficio, de forma motivada, sobre la pertinencia de adaptación de las medidas civiles referentes a su suspensión de patria potestad o custodia de menores, régimen de visitas o comunicación etc. Determinando su duración, garantías y régimen de cumplimiento.

Se intentará aportar en la comparecencia la prueba documental más completa posible que justifique las medidas solicitadas.

El abogado informará a la mujer sobre el plazo de vigencia de 30 días de estas medidas civiles; así como se le informará de su derecho a instar el procedimiento de separación, divorcio o adopción de medidas paterno filiales en cuyo caso será necesario solicitar, según convenga, la ratificación o modificación de las medidas adoptadas, si lo que interesa es que estas medidas provisionales sigan vigentes hasta que se dicten las definitivas en la sentencia de separación, divorcio o de medias paterno filiares.

Se solicitará al Juez que requiera la actuación inmediata y urgente de la Unidad de Valoración Forense Integral para que emita el pertinente Informe de Valoración, conteniendo la valoración riesgo, en el caso de que no haya sido aportada ya el atestado por el cuerpo policial.

Concedida la Orden de Protección a la mujer, se informará de cómo debe actuar en caso de incumplimiento de la orden de alejamiento y comunicación por parte del agresor, así como del derecho a ser informada de la situación procesal y penitenciaria del imputado.

3.4. Durante el proceso penal

A la mujer se le informará que, en todo caso, el Juzgado le va a comunicar en el correo electrónico u ordinario que hubiese indicado, si se dicta Auto de sobreseimiento, así como su derecho a anunciar la interposición de recurso.

Si la víctima opta por ejercitar su derecho como Acusación Particular, se le recordará que podrá ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito. Será entonces el mismo abogado que fue designado para la primera asistencia, quien continuará con todas las actuaciones penales hasta su conclusión, incluida la ejecución de sentencia y los recursos.

En los casos en los que el delito o delitos denunciados que se estén investigando, sean de los mencionados en el artículo 57 del Código Penal; las víctimas sean menores de edad o con la capacidad modificada judicialmente y resulte necesaria su protección, se solicitará al Juzgado las medidas de carácter civil pertinentes de suspensión o modificación de los derechos de sus progenitores.

CUANDO EL PROCEDIMIENTO SEA TRAMITADO COMO JUICIO RÁPIDO: se valorará por el abogado la situación de la víctima, la conformidad y las ventajas de no dilatar el procedimiento, frente a la existencia de indicios racionales que hagan pensar la existencia de delito de violencia habitual, además del último hecho violento que se esté enjuiciando, en cuyo caso, será conveniente solicitar la transformación en diligencias previas. 

CUANDO EL PROCEDIMIENTO SEA TRAMITADO COMO DILIGENCIAS PREVIAS se prestará especial atención a: 

  • Asegurar los posibles medios de prueba de cargo.
  • Los requisitos que debe reunir el testimonio de la víctima, para que tenga prevalencia como prueba de cargo suficiente para asegurar a condena del presunto agresor.
  • Las pruebas periciales de agresor y víctima.
  • El informe de la Oficina de Atención a Víctimas que ha atendido a la mujer desde el momento inicial.
  • Los antecedentes policiales y penales del presunto agresor.
  • Procurar asegurar el mantenimiento de las medidas de protección y seguridad.
  • La solicitud de las indemnizaciones por responsabilidad civil, por daño psicológico o daño penal.

3.5. Durante la fase de ejecución

Se atenderá a la facultad que tiene la víctima de participar en la fase de ejecución de la pena, estando legitimada para solicitar la imposición de medidas o reglas de conducta al condenado por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una situación de riesgo para su persona.

Y del derecho, si así lo hubiese solicitado, de recurrir a los autos del Juez de Vigilancia sobre calificación del penado a tercer grado, concesión de beneficios penitenciarios o libertad condicional.

3.6. Actuaciones derivadas

Se de la asistencia se derivara una intervención en un procedimiento administrativo o en un proceso de otra jurisdicción que tenga causa directa o indirecta en la violencia padecida, el mismo letrado asumirá la defensa.
 

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continuas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies.
Pincha el enlace para más información. Más información X Cerrar

  js_code)) { echo $config[0]->js_code;} if (isset($records[0]->js_code)) { echo $records[0]->js_code;} ?>